Resumen: El creciente uso de tecnologías móviles en la atención de la salud mental ha impulsado el desarrollo de intervenciones m-Health dirigidas al tratamiento de la ansiedad y la depresión en poblaciones vulnerables. Este estudio tuvo como objetivo analizar la evolución, características y dinámicas de la producción científica sobre m-Health para el tratamiento de la ansiedad y la depresión en poblaciones vulnerables. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo y descriptivo, además se recuperaron 2921 documentos de la base de datos Scopus mediante una estrategia de búsqueda basada en términos relacionados con salud móvil, trastornos mentales y grupos vulnerables. Los datos se procesaron con R, utilizando el paquete Bibliometrix y la interfaz Biblioshiny. Los resultados muestran un crecimiento exponencial de las publicaciones entre 2015 y 2024, acompañado de un notable aumento en las citas. Torous J. y Christensen H. destacan como autores líderes, mientras que el Journal of Medical Internet Research y JMIR mHealth and uHealth concentran la mayoría de los artículos. Estados Unidos, Reino Unido y Australia encabezan la producción científica. Los temas centrales como “mHealth” y “depression” presentan alta centralidad, mientras que “mental health”, “digital health” y “adolescent” funcionan como motores temáticos. Las redes institucionales revelan clústeres en Norteamérica, Europa y Oceanía, con una colaboración internacional dominada por Estados Unidos, que mantiene fuertes vínculos transregionales. Este estudio ofrece una visión integral que orienta futuras investigaciones hacia un desarrollo más coordinado y efectivo de intervenciones digitales en salud mental. Autores: Josselyn Nicole Muñoz Díaz, Universidade da Coruña. https://orcid.org/0009-0005-5857-2436 Ver artículo completo

Resumen: La educación superior constituye un derecho fundamental que requiere condiciones materiales adecuadas para su ejercicio efectivo. La infraestructura universitaria —como aulas seguras y accesibles, bibliotecas, laboratorios, conectividad y servicios básicos— no es un elemento meramente logístico, sino un componente esencial del derecho a la educación en sus dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La insuficiencia en este ámbito impacta directamente la calidad, equidad e inclusión, afectando de manera desproporcionada a personas con discapacidad, estudiantes de bajos ingresos, poblaciones rurales y mujeres en áreas subrepresentadas. El análisis comparado de Ecuador, Argentina y Colombia evidencia marcos constitucionales sólidos que reconocen la educación como derecho y servicio público, complementados por leyes de educación superior y sistemas de aseguramiento de la calidad que establecen estándares sobre ambientes de aprendizaje. En Ecuador, la LOES y el CACES; en Argentina, la Ley 24.521 y la CONEAU; y en Colombia, la Ley 30 y los lineamientos del CNA, fijan criterios claros sobre las condiciones institucionales y los recursos disponibles. La jurisprudencia refuerza este enfoque. En Colombia, la Corte Constitucional ha ordenado adecuaciones físicas y planes de accesibilidad; en Argentina, los amparos han exigido obras y planes integrales; y en Ecuador, las acciones de protección han consolidado ajustes razonables como obligaciones inmediatas. Estas decisiones subrayan que la infraestructura universitaria es una condición jurídica indispensable para garantizar inclusión y calidad. La región enfrenta ahora el desafío de traducir compromisos internacionales y normativos en planes plurianuales con metas verificables, indicadores de progresividad y mecanismos de participación social. Solo así será posible materializar el derecho a la educación superior de manera efectiva, asegurando que el acceso, la permanencia y la calidad no dependan únicamente de la retórica, sino de condiciones reales y sostenibles en los campus universitarios. Autores: Freddy Patricio Morales-Alarcón, Universidad Nacional de Chimborazo. https://orcid.org/0000-0002-2657-8201 Dennys Adrian Morales Echeverria, Universidad Católica de Cuenca. https://orcid.org/0009-0005-7798-353X Ver artículo completo

Resumen: En un contexto de creciente movilidad humana, el acceso a la educación para niños migrantes en Ecuador se ve con frecuencia limitado por barreras administrativas que, aunque en apariencia neutrales, generan formas de exclusión estructural. El estudio tuvo como objetivo analizar cómo los requisitos administrativos del sistema educativo ecuatoriano afectan la efectividad del derecho a la educación de niños en situación de movilidad humana y destacar la necesidad de prácticas estatales inclusivas y coherentes con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. La metodología consistió en un enfoque cualitativo con diseño jurídico-documental, centrado en el análisis del caso G.N.A.R. (Sentencia No. 1497-20-JP/21), utilizando fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, con análisis de contenido para examinar las tensiones entre requisitos administrativos y el derecho a la educación de niños en movilidad humana. Pese a que la Constitución y los tratados internacionales reconocen la educación como derecho universal, la rigidez burocrática impone restricciones que afectan a la niñez migrante. En la Sentencia No. 1497-20-JP/21, la Corte Constitucional determinó que estas exigencias vulneran los principios de igualdad, no discriminación y el interés superior del niño. Tales prácticas constituyen violencia institucional y discriminación indirecta al ignorar las trayectorias vitales de personas vulnerables. Por ello, es necesario transformar la gestión pública hacia un enfoque de derechos humanos mediante protocolos inclusivos y flexibilización normativa. Desde el constitucionalismo transformador, la legalidad formal no puede prevalecer sobre la justicia sustantiva; garantizar el acceso efectivo a la educación requiere adaptar el marco jurídico a las condiciones de los sujetos. Autores: Zoila Fabiola Barreto Pilco, Barreto y asociados – Consorcio Jurídico. https://orcid.org/0009-0000-4915-9731 Ver artículo completo

Resumen: La protección penal de la fe pública frente a la falsificación y el uso doloso de documentos en el Ecuador enfrenta desafíos crecientes con la digitalización. La falsedad, ya sea material, que altera el soporte, o ideológica, que introduce contenido mendaz, trasciende el perjuicio individual y compromete la confianza colectiva en los sistemas de certificación y publicidad jurídica, afectando la seguridad del tráfico. La fe pública, como bien jurídico institucional, se sustenta en tres pilares normativos: la Constitución, que reconoce el servicio notarial y su investidura; la Ley Notarial, que regula la función fedataria y establece formalidades que garantizan autenticidad e integridad; y el Código Orgánico Integral Penal, cuyo artículo 328 tipifica estas conductas y gradúa la sanción según la naturaleza del documento. La jurisprudencia, ejemplificada en el Juicio No. 17294-2017-01351, confirma que la condición de público o privado depende del origen y de la autoridad competente, no del lugar de adulteración, y que la mayor confianza institucional en los documentos públicos justifica una sanción más severa. La digitalización impone retos probatorios que exigen reforzar la verificación de origen, integridad y trazabilidad mediante metadatos, sellos de tiempo y cadenas de custodia, asegurando la equivalencia funcional entre soportes físicos y electrónicos. La proporcionalidad en la aplicación de penas debe basarse en criterios materiales de lesividad para evitar expansiones simbólicas del Derecho penal, reservando la sanción para casos con capacidad real de engaño y motivando la reparación integral en función del impacto en la confianza colectiva. Autores: Dennys Adrian Morales Echeverria, Universidad Católica de Cuenca. https://orcid.org/0009-0005-7798-353X Freddy Patricio Morales-Alarcón, Universidad Nacional de Chimborazo. https://orcid.org/0000-0002-2657-8201 Ver artículo completo

Resumen: En los últimos años, se ha intensificado un fenómeno estructural que afecta directamente tanto la calidad del empleo como la eficiencia del sistema educativo: la creciente desconexión entre la formación académica que reciben los profesionales y las competencias efectivamente demandadas por el mercado laboral. Esta desarticulación ha generado un incremento significativo de la sobrecalificación, entendida como la inserción de personas con niveles de educación y habilidades superiores a los requeridos por los puestos que desempeñan. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la sobrecalificación y la brecha existente entre la formación educativa y las demandas reales del mercado laboral. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo basado en una revisión documental, examinando casos en cinco áreas profesionales con el fin de identificar las causas de la sobrecalificación, las diferencias entre la formación recibida y las exigencias del mercado, así como posibles estrategias de solución. Los resultados evidencian que la sobrecalificación es frecuente en diversas áreas profesionales, como consecuencia del desajuste entre los perfiles formativos y las necesidades reales del entorno laboral. Se identificaron competencias subutilizadas y una brecha entre lo adquirido en la educación formal y lo requerido por los empleadores. Entre las estrategias propuestas para abordar esta problemática destacan el fortalecimiento de los vínculos entre academia y sector productivo, así como el impulso al desarrollo de habilidades transversales. Autores: Arleth Gabriela Osorio Ruiz , Profesional Independiente. https://orcid.org/0009-0008-3697-1390 Ver artículo completo

Resumen: En los últimos años, la inteligencia artificial generativa (IAG) ha adquirido una notable relevancia en el ámbito académico, particularmente en la elaboración de trabajos de titulación, transformando la manera en que los estudiantes construyen y gestionan el conocimiento. Su creciente presencia ha generado nuevas dinámicas dentro de los procesos educativos tradicionales. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la influencia del uso de la IAG en la elaboración de trabajos de titulación. Se aplicó un enfoque cualitativo basado en el análisis documental de fuentes académicas recientes. Los principales hallazgos incluyeron la identificación de los tipos de IAG más utilizados, la evaluación de sus beneficios y riesgos, y la propuesta de recomendaciones para su uso ético y responsable. En conclusión, la inteligencia artificial generativa se posiciona como una herramienta valiosa que optimiza tareas como la redacción, síntesis, citación y análisis de datos, siempre que su integración se realice de manera crítica, ética y complementaria al trabajo humano. Para garantizar su aprovechamiento adecuado, resulta indispensable establecer lineamientos claros, fomentar el pensamiento reflexivo y salvaguardar la autoría y la calidad académica. Autores: Andrés Eduardo Caina Guamán, Profesional Independiente. https://orcid.org/0009-0006-6557-3768 Ver artículo completo

Resumen: El creciente interés por optimizar los procesos de programación de citas en atención primaria ha impulsado la adopción de sistemas digitales que buscan mejorar la gestión de flujos junto con la experiencia de usuarios y profesionales. Este estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la transformación digital en el agendamiento de citas médicas en un centro de atención primaria. Para ello, se empleó un enfoque mixto que combinó el análisis cuantitativo de los registros de agendamiento de los últimos 30 días con un análisis cualitativo basado en los resultados de una encuesta aplicada a 19 profesionales mediante un cuestionario en escala Likert, cuya consistencia interna fue evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados indican que el sistema cubrió tres áreas clave: consulta externa, apoyo terapéutico y procesos de apoyo. Se alcanzaron altos niveles de usabilidad e interfaz, así como niveles aceptables de eficiencia percibida y confiabilidad. Además, la totalidad de los encuestados recomendaría la aplicación para una implementación en contextos similares. Sin embargo, se observaron variaciones significativas en el tiempo de espera percibido entre especialidades, lo que sugiere oportunidades de mejora. En conclusión, el sistema centraliza de manera eficiente la gestión operativa y cuenta con una alta aceptación por parte del personal, lo que favorece la optimización de los procesos de atención en el centro de salud. Autores: Francisco Javier Intriago Usca, Universidad Técnica Particular de Loja. https://orcid.org/0000-0003-4685-3909 Ver artículo completo